¿Alcanza la responsabilidad penal al encargado (o a otra persona) cuando se produce un accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad o utilización de equipos de trabajo inadecuados manejados por personal sin la debida formación acreditada?

Los arts. 316 y 317 del Código Penal regulan los denominados delitos de riesgo, exigiendo para su concurrencia los siguientes requisitos: estar legalmente obligado, no facilitar los medios necesarios para la seguridad en el trabajo, infringir las normas de prevención de riesgos laborales y que le sea imputable el resultado típico, que no es otro que el peligro concreto para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. El delito del Art. 316 es un delito especial, del que sólo pueden ser sujetos activos, quienes estén legalmente obligados a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higienes adecuadas. Lo que supone que no solo el empresario será sujeto activo de este delito si no todo aquel que, dentro de la organización de una empresa, ostente mando o funciones directivas en la actividad laboral, sean superiores o intermedios, siempre que tenga poder de decisión. Doctrinalmente, se ha señalado que los encargados estarían dentro de los sujetos activos del delito, al asumir un encargo del empresario en un ámbito de la empresa, en cuyo dominio puede suceder el hecho delictivo. Siendo determinante para imputar un delito a un encargado, que tal sujeto ejerza mando y puedan dar órdenes vinculantes para la marcha de la empresa.